Bajo la lógica de continuar con las inversiones, una de las señales que le ha pedido la Confiep al Gobierno es la continuidad de la Ley de Promoción Agraria. La propuesta, que se ha convertido en un pedido reiterativo del sector empresarial, figura en la “Agenda País” que presentó el gremio el pasado viernes al presidente Martín Vizcarra.
Concretamente, el documento sostiene que la ley ha sido de gran beneficio para el sector, lo cual “se refleja en las estadísticas del empleo y del ingreso e informalidad”. Por ejemplo, se dice que entre el 2007 y el 2017 el ingreso promedio del trabajador agrario y agroindustrial se incrementó en 76,7% y 30,2%, respectivamente.
Y que, en consecuencia, el ingreso del sector agrario es un 128% mayor al ingreso en el sector informal. «Su continuidad permitirá duplicar el empleo formal en los próximos cinco años», agrega el documento.
Pero lo que no se dice de esta ley es qué empresas son las que gozan de los beneficios. Datos publicados por el Ministerio de Trabajo con información de la Planilla Electrónica refieren que en el 2008 se registraron 182 mil trabajadores, de los cuales el 87,4% laboraron en grandes empresas. Para el 2018, el total de registrados trepó hasta los 276 mil.
Observado por empresas, solo en 15 de ellas se concentra al 2017 casi el 50% de los trabajadores bajo el régimen. Tal como se muestra en la gráfica, figuran empresas que a la fecha tienen un dominio y un campo ganado en el rubro agroexportador.
El beneficio que les ofrece la ley es un menor pago del Impuesto a la Renta: un 15% frente al 29,5% que pagan las empresas del régimen general. Además, la ley establece un régimen laboral que tiene al trabajador con un descanso vacacional de 15 días y el pago de la CTS y gratificaciones como una fracción de la jornada diaria. Las empresas también hacen una menor contribución a EsSalud: un 4% frente al 9% que hacen las empresas del régimen general.
Adicionalmente, los contratos celebrados son en su mayoría a plazo fijo. Es decir, por un número determinado de meses. Esto se refleja en su bajo nivel de sindicalización, que, según datos del MTPE, al 2018 es de 4% para este régimen frente a un 6% en el sector privado. Al no poder ejercer su derecho de sindicalización, les es más difícil exigir beneficios laborales mediante negociación colectiva.
La propuesta fue cuestionada por el laboralista Javier Mujica. “La agroindustria que recibe del Estado subsidios desde hace 20 años, con privilegios que ningún otro empresario tiene en el Perú, demanda al presidente que extienda sus privilegios por 10 años más”, comentó.
Similar comentario tuvo el economista de la Universidad Pacífico Germán Alarco. “Se insiste de manera camuflada en una reforma laboral a su conveniencia. Quieren que se mantengan los subsidios a favor de la agroexportaciónolvidando que los mayores ingresos para los trabajadores agrícolas se están dando en los independientes y no en los asalariados”, dijo.
Otras propuestas
En su Agenda País, la Confiep también considera necesario aplicar cambios a la normativa de trabajo a tiempo parcial. Su presidenta, María Isabel León, asegura que este es el camino hacia la mayor atención de la demanda de trabajo.
«El tema del trabajo a tiempo parcial es un claro ejemplo de rigidez laboral. Un trabajador y un empleador deben tener la libertad de acordar la forma de distribuir las 24 horas de trabajo semanal. Eso permitirá que, por ejemplo, muchos jóvenes puedan combinar estudios y trabajo», afirmó.
También plantean adecuar la normativa para promover el teletrabajo siguiendo el esquema de EEUU.
María Isabel León – Presidenta de la Confiep
“La idea es lograr una flexibilización laboral en el siglo XXI que nos permita atender todas las demandas del trabajo que hoy se requiere. El tema del trabajo parcial es un claro ejemplo de rigidez”.
Germán Alarco – Economista de la UP
“Quieren que se mantengan los subsidios a la agroexportación olvidando que los mayores ingresos para los trabajadores agrícolas se están dando en los independientes y no en los asalariados”.
