«¿Es posible que a cuatro meses de haber asignado el Gobierno un fondo de 2,000 millones de soles para el financiamiento destinado a socorrer a los agricultores afectados por las restricciones debido a la pandemia, COFIDE haya subastado hasta el momento entre las entidades financieras solo 41 millones de soles?», Carlos Durand Chahud, presidente de Perucámaras.
El Perú es un país agrícola y forestal, pese a ello el mayor dinamismo de su desarrollo en las últimas décadas pareciera que solo se ha orientado hacia la agroindustria de exportación. Por su parte, la agricultura tradicional abarca a casi un tercio de la población que vive en zonas rurales y más del 50% de esa población, con importante participación de mujeres, se dedica a la pequeña agricultura. El sector forestal aún sigue en espera.
La agricultura, intensiva y extensiva, tiene un papel clave en la producción de alimentos; aporta al país aproximadamente el 7,5% del PBI y proporciona ocupación al 37,8% de la Población Económicamente Activa, lo que indica no solo su importancia en la economía, sino también en la solución de uno de los más importantes problemas sociales que es la generación de empleo, orientado a asegurar la alimentación y calidad de vida, así como al aumento de oportunidades
a todos los peruanos, priorizando a los más relegados.
En consecuencia, durante la pandemia, mientras las exportaciones agrarias han mostrado algún crecimiento con relación al 2019, la pobreza relacionada a la agricultura familiar se ha agravado respecto al mismo año. En este sector hay un gran número de trabajadores peruanos, los más pobres, los que seguro no recibieron su canasta de alimentos ni el bono universal, que no tienen beneficios laborales y se encuentran aislados física y digitalmente de los servicios que el Estado está obligado a brindar.
Al respecto, el artículo 88 de la Constitución expresamente señala que “el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario” y, sin embargo, carecemos de una política agraria efectiva que atienda el desarrollo de la tierra que nos da el sustento, es decir, el pan de cada día. Aparentemente, las autoridades, incluyendo muchas provenientes del mundo rural, cuando llegan al poder adquieren una visión citadina y se olvidan del campo.
En este contexto, ¿es posible que a cuatro meses de haber asignado el Gobierno un fondo de 2,000 millones de soles para el financiamiento destinado a socorrer a los agricultores afectados por las restricciones debido a la pandemia, COFIDE haya subastado hasta el momento entre las entidades financieras solo 41 millones de soles? Esta suma, que equivale al 2% del total asignado, solo alcanza para dar créditos a unas 4,000 familias agrarias de los 2 millones 200 mil que viven de cultivar la tierra. Según estima la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), el agro ha perdido más de 7,500 millones de soles por la emergencia sanitaria.
Unas 600 mil familias agrarias, que equivalen aproximadamente a 3 millones de personas, no tienen capital ni recursos para sembrar, lo que podría generar el desabastecimiento de alimentos en abril del próximo año, pues han perdido su capital de trabajo porque no pudieron comercializar sus productos por la falta de demanda y en algunos casos de transporte debido a la pandemia.
De este modo, el sector agrícola atraviesa ahora un grave problema, pues la campaña chica del año 2020 ya está por terminar y la campaña grande comenzó
en agosto, sin que los recursos financieros asignados por el Gobierno el 9 de julio último hayan llegado a los destinatarios. Las medidas de reactivación del agro por la pandemia debieron ejecutarse asegurando la campaña de siembra del 2020. A diferencia de los otros sectores económicos que al reinicio de sus actividades podrán empezar a generar ingresos, la actividad y producción del sector agrícola se rige por una estacionalidad climática, cuyo ciclo se inicia después de la primavera.
Como siempre los excesos en la tramitología, cuando no la parálisis burocrática, impiden que el financiamiento llegue oportunamente a los agricultores para
que sigan sembrando y cosechando, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de los 32 millones de peruanos. Por lo tanto, el Gobierno debe enfatizar su atención a este sector, históricamente olvidado, pues ahora solo atiende a menos del 2% del total de nuestros agricultores y hay más de 7 millones 500 mil hectáreas agrícolas en riesgo de afectarse, según la Conveagro.
La preservación de la producción agrícola debe incluir y priorizar la agricultura familiar, imprescindible no solo porque abarca a un gran sector de la población
rural, sino también porque debido a los efectos de la pandemia parte de la población pasaría a la extrema pobreza. La pandemia hace ahora indispensable impulsar la agricultura familiar que ayudará a generar empleo y aporta casi dos tercios de la producción de alimentos. Sobre todo permitirá revalorar este espacio de encuentro histórico con el Perú rural, con quien tenemos una deuda de desarrollo.
En ese sentido, PERUCÁMARAS y las Cámaras de Comercio Regionales plantean que las autoridades implementen rápidamente mecanismos para asegurar
el acceso a la asistencia crediticia de los pequeños agricultores, que en un 98% son invisibles al sistema ya que no cuentan con RUC, pero que son unidades
económicas que otorgan más del 25% de trabajo en el ámbito rural.
Coincidiendo con Conveagro, planteamos que con los fondos del Estado no ejecutados por los gobiernos regionales de casi 55%, los fondos no usados por el
Minagri de alrededor del 60% y el 75% de fondos no ejecutados por los gobiernos locales sean usados para que los municipios distritales compren directamente
y sin intermediarios la cosecha de la primera campaña a los agricultores.
Asimismo, que se generen almacenes de acopio, se procesen los productos, se instalen mercadillos itinerantes reales y que, coordinadamente, lleguen directamente a la población, lo que además evitaría que los mercados existentes sigan siendo focos de contagio. También que se incorpore el comercio justo para el pequeño agricultor y se desarrollen núcleos ejecutores regionales de Compras a MYPERÚ para la adquisición de productos agrícolas, y así priorizar a este sector fundamental no solo para la alimentación de la población, sino también como un creciente componente de empleo y del PBI nacional. En esa sostenibilidad cumplen un rol muy importante las compras nacionales.
Finalmente, la agricultura necesita innovación y tecnología para aumentar su productividad y calidad de producción, preservar los recursos naturales, evitar el
desperdicio, promover las asociaciones entre productores, iniciar políticas agrícolas alimentarias sostenibles e invertir en investigación y desarrollo.
Escribe: Carlos Durand Chahud / presidente de Perucámaras
