“Aún estamos a tiempo de enmendar el error, no provoquemos un colapso de lo poco de formalidad que nos queda en el país”, dice Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP.
Cuando un país quiere alcanzar el desarrollo implementa políticas públicas que apunten a ese objetivo. El Perú a lo largo del tiempo ha venido implementando algunas de ellas, una de los más claras se dio al orientarse al mercado exterior y ¿por qué? No sólo porque el Perú al hacerlo accedía más de 6 mil millones de consumidores (teniendo poco mas de 30 millones en el país) sino porque sumado a esta le generó condiciones para que la inversión se establezca en el Perú y pueda servir de plataforma para atender ese mercado global, pero también para que sus efectos redunden en mayores impactos sociales y económicos. Es por ello que conociendo el tremendo potencial que tiene la agricultura y el mercado mundial al que podía abastecer el Perú, el año 2000, se promulga la ley 27360 o la llamada Ley de Promoción Agraria.
Según el dictamen de la ley 31087, ley que derogó la Ley de Promoción Agraria, que el Poder Ejecutivo y el Congreso se apuraron en promulgar, el Estado dejó de percibir por impuesto a la renta S/2500 millones en los últimos 10 años. Sin embargo, se olvidaron de evaluar cuánto ganó el Perú al invertir ese monto: mas de S/5800 millones en tributos, mas de USD 65 mil millones en divisas, mas de 420 mil empleos, reducción de la pobreza en el agro de 81% a 30%, más de 19% de formalidad, entre otros impactos positivos. Fueron los 15% de IR mejor invertidos en la historia del Perú, mejor que dejárselo a la burocracia gubernamental para que lo gaste mal y/o termine en manos de la corrupción, fue el mejor programa social y económico que implementó exitosamente el país y que además atrajo a inversionistas de muchos países, que vinieron por la estabilidad jurídica de largo plazo que se implemento en el sector agro peruano y por las condiciones competitivas que generamos como país.
En las manifestaciones que empezaron el 30 de noviembre, se entremezclan abusos contra trabajadores por parte de quienes están en el límite de la formalidad o en la informalidad (prácticas que nosotros rechazamos enérgicamente), con intereses ideológicos que quieren una nueva reforma agraria o nueva constitución. Nada de esto justifica atentar contra los bienes públicos y privados, contra el derecho al libre tránsito, libre empresa, a la paz, al trabajo y a vivir en un país seguro. Tampoco justifica quitarle un marco jurídico de largo plazo a un sector económico de un momento a otro y dejarlo en el limbo, pésima señal si queremos atraer inversión de otros países o si queremos promover el crecimiento económico y el empleo formal.
No castiguemos el éxito de una política pública, de una Ley, ni de las empresas formales que cumplen las leyes, eso nos llevará a un camino de odio y resentimiento que nos auto destruirá con desempleo, pobreza y hambre. Los peruanos ya pasamos por esto y no queremos que se repita.
Hago un llamado a la conciencia de las buenas autoridades, del poder ejecutivo, de políticos y congresistas para que no destruyan el 20% de formalidad que nos queda en nuestro país y que aprueben una mejor ley que siga promoviendo el agro peruano, sin intervenir en el mercado laboral y económico, sino que, por el contrario, es un momento histórico para aprobar una Ley que fortalezca las instituciones, proteja los derechos laborales, incentive a la formalidad, mejore la competitividad del sector agrario e impulse aún más la integración de toda la cadena productiva y de comercialización agraria de nuestro país.
Aún estamos a tiempo de enmendar el error, no provoquemos un colapso de lo poco de formalidad que nos queda en el país, el futuro del país está en juego. En estos momentos difíciles mis mejores deseos de paz y prosperidad para mi querido Perú.
FUENTE: El Comercio
