A propósito de la reglamentación de la nueva ley agraria, el sector agrícola exige atender problemáticas relacionadas a minifundios, titulación de predios, asociatividad y acceso a créditos en aras de mejorar la productividad.
Los cuestionamientos a la efectividad de la nueva ley agraria eran conocidos incluso antes de su aprobación en diciembre pasado. Ahora, con la reciente publicación de su reglamento la semana pasada, el sector continúa con sus operaciones aunque con la clara idea de que el próximo gobierno deberá tener en agenda la revisión de un documento que no logra satisfacer ni a empresas ni a trabajadores.
Al respecto, y a pocos días de celebrarse una nueva jornada de comicios electorales, el diagnóstico para el sector parece no ser claro en la mayoría de propuestas presentadas para su atención. Precisamente, el foco de las iniciativas está puesto en la promoción de la agricultura familiar y el ansiado acceso al crédito. Y si bien se trata de puntos claves a fortalecer, las razones que explican el poco avance en el sector sugieren abordar el problema desde otros ángulos.
Una de las barreras detectadas desde el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) es la baja asociatividad de los minifundios –parcelas con menos de 10 hectáreas– que resta eficiencia a la productividad alcanzada en los campos y termina por afectar el desarrollo de los productores. Al respecto, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP), resalta que, para atender esta problemática, es clave el factor asociatividad: una estrategia para trabajar en equipo y dotar de valor agregado a un producto por comercializar.
“El agricultor [con parcela pequeña] no tiene un norte para poder colocar productos de calidad en mercados formales, ya sea nacionales o internacionales. Su objetivo [en realidad] es que se asocie bien, se formalice toda su producción y aumente su productividad”, señala en conversación con Día1. “[Con la nueva ley] un pequeño agricultor no podrá contratar con un sobrecosto del 30% en el sueldo”, agrega, especificando que esta asociatividad tiene que regirse por dos indicadores: objetivos y metas.
Vale resaltar que el camino hacia la formalización pasa también por el otorgamiento de derechos de propiedad de las tierras rurales. Ello, consecuentemente, respaldaría la producción del agricultor.
“Desde el Midagri junto a los gobiernos regionales hemos promovido la titulación de alrededor 1,7 millones [de predios]. Esto representa un avance del 45% y aún queda pendiente de titular 2,1 millones”, afirma Helen Figueroa, directora general de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del Midagri.
Específicamente, la especialista señala que se han titulado parcelas de pequeña agricultura familiar, cuyos tamaños oscilan entre 1,8 y 3 hectáreas. Resalta, en ese sentido, la importancia de contar con la titularidad.
“No es lo mismo tener un predio en posesión que un predio titulado. Lo primero que hace es que incrementa el valor. Además de ello, este título le permite tener una condición habilitante para buscar financiamiento”, sustenta.
Tomando en cuenta el avance en estos aspectos –asociatividad y promoción de la titulación–, la ruta hacia la eficiencia considera facilitar la conectividad entre las áreas productivas y el mercado. Así, otra de las aristas es la promoción de la infraestructura vial –como la construcción de ferrocarriles y la ampliación de puertos–. De acuerdo con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) este 2021 cuenta con una cartera de 23 proyectos con inversión pendiente. Entre ellos destaca, por ejemplo, la Longitudinal de la Sierra – Tramo 2 a través de la cual se podrían reducir los costos de transporte y el tiempo de viaje.
En vista de reducir también los riesgos –ante la dependencia del agro de variables climatológicas y biológicas–, el impulso de los seguros agrícolas desempeña un rol crucial. Por ejemplo, existe el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) que cobertura en 15 riesgos –entre ellos, inundaciones y terremotos– a pequeños productores agrícolas que trabajen con cultivos transitorios –como papa y maíz–.
“Para la campaña 2020-2021 se han destinado S/ 57 millones aproximadamente, permitiendo coberturar a todo el Perú. […] La suma asegurada es de S/ 650 por hectárea”, precisa Jorge Ordóñez, director de Financiamiento y Seguro Agrícola del Midagri.
El especialista informa a nuestro suplemento que, para la próxima campaña (2021-2022), evalúan extender la protección a los cultivos permanentes –como el café y el cacao–.
Tomando como punto de partida el riesgo existente en la actividad agrícola, el acceso a créditos también puede limitar los esfuerzos en vista de lograr el crecimiento del sector. Los datos dan cuenta de que solo un 8,43% de los productores acceden a financiamiento. Para atender esta situación, desde el Midagri ha implementado tres mecanismos financieros: el Fondo Agroperú –para el pequeño productor agrario–, el Fondo de Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (que trabaja con Agrobanco) y el FAE-Agro. En octubre pasado, se conoció que este último solo había colocado el 2% de su fondo.
“La agricultura, así como está, no tiene la rentabilidad que permita pagar los créditos”, apunta el exministro de Agricultura, Luis Ginocchio.
“El otro tema son los cultivos. Hay un gran problema de planeación de siembras”, añade.
A la par de resolver las deficiencias dadas a conocer anteriormente, en lo que sí se ha puesto el foco por parte de los partidos es en las iniciativas sobre este punto: el acceso al crédito. Entre las opciones que se consideran es la reestructuración de Agrobanco (Acción Popular), la creación del programa “Mi primer crédito agrario” (Podemos Perú) y la creación del Banco de Fomento Rural y Agrario (Juntos por el Perú).
Como parte de este conjunto de factores requeridos, también se debe garantizar la sostenibilidad de los recursos. El diagnóstico realizado por el Midagri sugiere que se deben promover obras de conservación de suelos, reforestación y transferencia tecnológica mejorada.
Imprecisiones por aclarar
A decir de los especialistas consultados, la nueva ley agraria aprobada (Ley 31110) no atiende el verdadero problema del sector: la informalidad y el incumplimiento de las disposiciones de la ley derogada.
Precisamente, sobre el reglamento publicado hace unos días, el gerente general de Agrícola Cerro Prieto, Alfredo Lira, remarca que las disposiciones le restan competitividad al sector. “Va a ser un golpe muy duro para la mediana y pequeña agroindustria”, refiere.
Lionel Arce, gerente general del Complejo Agroindustrial Beta coincide con Lira y agrega que la ley “le quita [al sector] libertad para la contratación”.
Sobre este punto, el profesor de la maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de Esan, César Puntriano, subraya que la contratación en el sector debería ser más flexible y en función a la necesidad de la empresa. “Lo que están haciendo es que exigen recurrir a los contratos a plazo fijo del régimen común”, advierte.
Asimismo, el experto resalta que, en el caso del deber de la recontratación, faltaría especificar qué criterios se considerarán para determinar la viabilidad de esta decisión.
“Yo creo que, en esos casos, la empresa debería objetivamente poder liberarse de ese derecho de recontratación”, opina.
Acceso a créditos: programas de AgroPerú
- Campaña agrícola
El Programa de Financiamieno Directo para Campaña Agrícola está en fase de ejecución por Agrobanco.
- Para el café
El Programa de Financiamieno Directo para Renovación y Rehabilitación de café cuenta con línea de S/ 50 millones.
- Pequeños productores
El Programa de Financiamiento para Comercialización e Insumos Agrícolas financia capital de trabajo .
- Línea de S/ 21 millones
Es el Programa de Financiamiento Directo para Plantaciones Forestales y es implementado por Agrobanco.
- En ganadería
El Programa de Financiamiento tiene una línea de hasta S/ 10 millones con una tasa efectiva anual de 3,5%.
FUENTE: El Comercio
