«Es crucial que el Gobierno actúe lo antes posible, y en conjunto con las empresas privadas, para no perder competitividad en el sector ni afecte en mayor medida a las familias peruanas», expresó Olga Sánchez, gerente general de Araya & Cía. Abogados.
Los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes que le hacen falta a la tierra, permiten la mejora en el rendimiento de los cultivos y con ello que se pueda tener una mayor producción agrícola.
Durante el año 2022 se ha agudizado la escasez de los fertilizantes y ha pasado a ser uno de los principales problemas que afrontan varios países del mundo y que amenaza la seguridad alimentaria a nivel global. El Perú lamentablemente no se salva de esta amenaza: ya que existe un déficit de más de 180 mil toneladas de urea en lo que va del año que ha puesto en riesgo la campaña agrícola 2022-2023, que inició el pasado mes de agosto. Cabe resaltar que, la urea es uno de los fertilizantes más utilizados en la agricultura peruana, siendo Rusia, el principal país del cual la importamos en el año 2021.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el Perú es el segundo país en Latinoamérica y el Caribe que más depende de las importaciones de fertilizantes que vienen de Rusia. En el 2021, el 43% de los fertilizantes utilizados en el Perú provinieron del mencionado país, cuyo mercado actualmente está paralizado a raíz del conflicto bélico con Ucrania. Incluso, en 2021, Rusia fue el primer exportador mundial de fertilizantes nitrogenados y el segundo proveedor de fertilizantes potásicos y fosforados, seguido por China y Canadá. Por lo tanto, si consideramos los últimos sucesos de la coyuntura mundial (rezagos económicos de la pandemia, escasez de contenedores, alza en el precio del combustible y guerras); dichos países se vieron directamente afectados, lo que ocasionó que la demanda por los fertilizantes se incremente y, ante la escasez de estos, los precios aumenten.
El Perú no ha sido la excepción, con respecto al incremento en el precio de la urea, el saco de este fertilizante sintético pasó de costar S/ 65.00 en el mes de octubre de 2021 a S/ 210.00 al final del mismo año. Incluso se estima que, actualmente, el precio bordea los S/ 270.00. Todo ello, impacta gravemente en el precio de los alimentos, porque encarece la canasta básica y pone en riesgo a las familias más vulnerables.
A lo antes mencionado, hay que sumarle la inestabilidad política que ha vivido el Perú durante el gobierno del ex presidente Pedro Castillo, ya que en casi año y medio de gestión, se presenciaron 6 ministros de Agricultura distintos, y, en el MINAGRI hubo un constante cambio de funcionarios; lo cual dificultó el proceso de adquisición de fertilizantes. Recordemos que de las cuatro licitaciones para la adquisición de urea que se realizaron durante el año 2022, tres quedaron sin efecto por fallas en el expediente técnico.
La situación se agrava más, porque en pleno concurso de cuarta licitación para la adquisición de fertilizantes, el pasado 07 de diciembre, el Congreso de la República declaró la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo Terrones, su inmediata vacancia y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna.
De lo expuesto, los principales afectados son los agricultores, que verán disminuida la producción agrícola y ello perjudica gravemente no solo a las exportaciones del país sino también a la agricultura familiar, incrementándose el precio de estos productos y causando que el poder adquisitivo de las familias se vea reducido.
Esperemos que la nueva Presidenta Dina Boluarte logré recomponer y generar estabilidad en el sector, ya que de continuar el problema de los fertilizantes, esto traerá consigo una escasez de productos básicos en los siguientes meses que podría gatillar la subida de precios en los productos básicos como el arroz, la papa, maíz, este último, además, cumple un papel importante en la alimentación de vacunos, aves y ovinos, por lo cual tiene un impacto indirecto en el precio de los productos derivados de éstos, por ejemplo, huevos y lácteos.
El camino no es fácil, pero es crucial que el Gobierno actúe lo antes posible y en conjunto con las empresas privadas, para no perder competitividad en el sector ni afecte en mayor medida a las familias peruanas.
Por Olga Sánchez, gerente general de Araya & Cía. Abogados
