El Perú aprovecha menos del 10% de los terrenos aptos para la agricultura, porque de 6 millones 200,000 hectáreas existentes solo 500,000 hectáreas son utilizadas en la actualidad, indicó el expresidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Alfonso Velásquez.
Así lo manifestó en la conferencia ‘Herramientas para el sector agroindustrial ante la corrupción y crisis del Estado de Derecho’, realizada en el marco de la feria Expoalimentaria.
En ese sentido, consideró importante aprovechar la Ley de Promoción Agraria como motor de impulso para que nuestro país se convierta en uno de los principales proveedores de alimentos del mundo.
“Esa ley permitió que cerca de miles de peruanos tengan ingresos económicos seguros”, subrayó.
Tras recordar que la Ley de Promoción Agraria vence a fines del 2021 y su extensión se encuentra actualmente en debate, añadió que existe mucho espacio agrícola que aún no se incorpora al modelo agroindustrial y que la permanencia de esta norma es fundamental para que se aprovechen todas las posibilidades de desarrollo en el sector
Refirió que existe un enorme potencial que debe aprovecharse de manera responsable e inclusiva para que todos los actores se beneficien del crecimiento.
“El mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad que tiene la empresa privada de fortalecer el entorno en que conviven para generar competencias en los pobladores de la zona y mejorar su calidad de vida”, agregó.
Indicó que en lugar de entregar el 100% del Impuesto a la Renta para que sea distribuido por el Estado, se puede invertir parte del mismo en obras de salud, nutrición y educación, además de asistencia técnica y capacitación para lograr mayor competitividad de los integrantes de la cadena productiva.
Sector agroindustrial frente la corrupción
A su turno, el presidente ejecutivo del Grupo Estrategia Consultores, Rafael Valencia-Dongo, advirtió que la corrupción y la crisis del Estado podrían afectar al sector agro por lo que sugirió cambiar el patrón de conducta de los gremios y orientarlo a la generación de una base social a fin de evitar un impacto perjudicial para los miembros y entidades del sector.
Con el objetivo de conseguir un equilibrio estratégico, Valencia-Dongo recomendó colocar a la empresa como agente facilitador para articular intereses, tanto en favor a la comunidad como de sí misma.
